La presidenta Cristina Kirchner realizó el lunes una fugaz visita de dos horas a Mendoza en la que dejó en suspenso la ayuda de 40 millones de pesos para el combate del delito en esta provincia.

Cristina Kirchner y el gobernador Celso Jaque firmaron un convenio que aclara que la Nación "analizará" el envío de la ayuda económica.

El texto dice en su punto dos: "El gobierno nacional analizará la colaboración a la provincia en fondos destinados a la seguridad hasta un monto máximo de 40 millones de pesos". El resto del escrito habla de un acuerdo con el BID para erradicar basurales.

El dinero extra de la Nación era una de las herramientas que descontaba Jaque para cumplir su promesa proselitista de bajar el delito 30 por ciento antes del 10 de junio. Además, en la campaña electoral, Jaque aseguró que Cristina le había prometido el dinero, lo que aún no se materializa.

La presidenta visitó la bodega Leoncio Arizu, en Luján donde anticipó que el crecimiento del PBI argentino en 2007 fue del 8,7 por ciento, luego de aumentar el 9,4 en diciembre con respecto a noviembre.

"Estas cifras no sólo son importantes porque significan el ingreso de divisas al país, sino que tiene sentido por miles de argentinos que volvieron a tener trabajo y volvieron a consumir", señaló Cristina, al participar en el acto junto al vicepresidente Julio Cobos.

Tras recorrer la bodega, la jefa de Estado destacó que la actividad vitivinícola superó el año pasado los 650 millones de dólares de exportaciones, una cifra que "refleja un récord absoluto en una actividad que compromete el 9 por ciento del producto bruto y el 22 por ciento de la mano de obra de los mendocinos".

La visita de la mandataria a Mendoza duró cerca de dos horas y estuvo signada por el reclamo de organismos de derechos humanos para que influya en el despido del números dos de Seguridad, Carlos Rico, por haber sido instructor durante la dictadura.

El Tango 01 con la presidenta Cristina Kirchner aterrizó a las 19.15 en la base de la IV Brigada Aérea, donde ya la esperaban Cobos, los ministro de Economía e Interior, Martín Lousteau y Florencio Randazzo y el gobernador Jaque.

La presidenta se trasladó en helicóptero a la bodega Leoncio Arizu donde se reunió con empresarios nucleados en Bodegas de Argentina.

Cristina Kirchner llegó a la provincia el mismo día en que salió publicado en el Boletín Oficial el decreto 248/2008, por el cual se prorrogó por dos años la suspensión del impuesto interno que pagaba el champagne como artículo suntuario.

El decreto está acompañado de un acuerdo con los bodegueros, según el cual, estos empresarios se comprometen a invertir en tecnología y promoción el 125 por ciento de lo que correspondería a la alícuota fijada en 12 por ciento de la facturación.

El convenio es una renovación del que está vigente desde el 2005, desde cuando las bodegas beneficiadas han invertido más de 140 millones de pesos.

Por otro lado, Cristina Kirchner citó para la semana próxima en la Casa Rosada a los organismos de derechos humanos mendocinos y al CELS, que exigen la renuncia del comisario Rico.

Cristina Kirchner envió a la senadora justicialista Marita Perceval a comunicar la citación a los organismos presididos por la actriz local Mariú Carrera, quien esperaba que la Presidenta la recibiera.

Los organismos de derechos humanos, patrocinados por el CELS exigen la renuncia del comisario mayor Carlos Rico, actual subsecretario de Seguridad y de otros cinco funcionarios que se desempeñan en esa cartera, por su desempeño en la denominada "lucha antisubversiva" en la última dictadura.

Particularmente, a Rico lo acusan de haber sido miembro del G78, un grupo entrenado para repeler los ataques de la contraofensiva montonera durante el mundial de fútbol de 1978.

El gobernador mendocino, Celso Jaque (PJ), respaldó a Rico al argumentar que no está involucrado en ningún caso de tortura o desaparición de personas en los años de la represión ilegal y que su actuación se limitó al plano teórico.

En paralelo a la citación de Cristina, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, recibió un petitorio de representantes de Familiares de Desaparecidos y se reunió por la tarde con los responsables de seguridad de Mendoza, entre ellos el ministro de Gobierno, Juan Marchena, el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Diego Lavado, y el coordinador del área, Pablo Salinas, con quienes analizó el tema.