Defensores de derechos humanos mendocinos patrocinados por el CELS le reclamarán la semana que viene, en la Rosada, a la presidenta Cristina Kirchner, que interceda para lograr el desplazamiento de cinco comisarios generales que se desempeñan en el Ministerio de Seguridad provincial, por su desempeño en la denominada "lucha antisubversiva" en la última dictadura.

 Los cuestionamientos se centran en el subsecretario de Seguridad, Carlos Rico, el segundo hombre en importancia del Ministerio Seguridad, de quien el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías, Ricardo Puga, dio a conocer los antecedentes.

 Los datos difundidos por Puga, un ex preso político de la dictadura, fueron tomados del legajo que envió el Ministerio de Seguridad de la Nación a Mendoza a pedido de la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia y del CELS.

 Allí figura que Rico fue adiestrado en 1976 en el Centro de Instrucción Contrasubversivo de la Policía Federal.

  Posteriormente -agrega el informe- ese mismo año fue designado instructor del Plan de Actividades Teóricas y Prácticas de la Subversión en Mendoza y participó en el Centro de Instrucción Contrasubversivo.

  En 1977 fue parte del Grupo Especial 78, (G78) un organismo dependiente del Ministerio del Interior para prevenir, contraatacar y reprimir las acciones antisubversivas durante el mundial de fútbol, sobre todo la contraofensiva preparada por la cúpula montonera en su exilio en México, de la cual los organismos de inteligencia argentinos tenían información.

 De todas formas, Rico aseguró que su participación se limitó al plano de la instrucción y que nunca participó de ningún hecho vinculado con la represión durante la dictadura militar.

 Puga dio a conocer antecedentes similares de los comisarios generales Pedro Chacón (director de Investigaciones), Aníbal Gómez (director de Logística), Vicente Chacón (registro de armas y de agencia se seguridad privada) y Raúl Vega (director de Recursos Humanos).

  Todos ellos fueron entrenados en la lucha antisubversiva y en el caso de Aníbal Gómez, se habría desempeñado en aquellos años oscuros en el D2, el servicio de inteligencia de la policía provincial por donde pasaron una decena de detenidos antes de desaparecer.

 Uno de los casos más sorprendentes es el de Pedro Chacón, también egresado del Centro de Instrucción Contrasubversivo.

 En diciembre pasado, el gobernador Celso Jaque lo nombró a cargo de la Dirección de Inteligencia, pero al poco tiempo debió desplazarlo cuando trascendió que la dependencia produjo informes de inteligencia sobre la actividad de partidos políticos de izquierda, algo prohibido por la legislación mendocina.

 Paradójicamente, Chacón no fue echado, sino que fue nombrado director de Investigaciones de la Policía, cargo que aún ocupa.

 Los cinco policías cuestionados fueron nombrados en diciembre, a poco de asumir Jaque la gobernación, por el ministro de Seguridad, Carlos Aguinaga.

 Aguinaga, de 73 años, fue candidato en octubre pasado a vicegobernador por el Partido Demócrata, una fuerza de derecha aliada al gobierno de Rafael Videla.

  De hecho, tres de los hombres más distinguidos del PD fueron gobernadores de Mendoza durante la dictadura y Amadeo Frúguli, ministro de Defensa durante la Guerra de Malvinas, era un mendocino de ese partido.

 Al mismo tiempo que Jaque nombraba a Aguinaga como ministro de Seguridad, colocaba como secretario general de Gobernación a un hombre del polo ideológico opuesto.

 Se trata de Alejandro Cazabán, quien fue ministro de Seguridad en 1999, cuando produjo una gran purga de toda la cúpula de la policial y una profunda reforma en el sistema de seguridad al introducir el control civil de la fuerza, tal como ocurrió en esa época en la provincia de Buenos Aires.

 En el gobierno de Jaque también conviven como funcionarios reconocidos abogados defensores de derechos humanos.

Ellos son Diego Lavado, Pablo Salinas y Alfredo Guevara, quienes el año pasado, junto a los abogados del CELS Palmieri y Rodrigo Borda, lograron frenar las leyes de mano dura que impulsaba el entonces gobernador Julio Cobos.

 Guevara, además, es hijo de un ex conductor de la regional de Montoneros, el fallecido Alfredo Guevara, quien durante las contraofensivas de de 1978 y 1979 estuvo a cargo de la redacción de los hábeas corpus en favor de los militantes que caían en manos del G78 que integró el comisario general Carlos Rico.